Hace poco tiempo, en un conflicto laboral, un patrón contestó la demanda que promovió en su contra el trabajador, por haberlo despedido sin causa justificada.
Me llamó la atención que el patrón opuso la excepción de "enriquesimiento ilicito" (sic) argumentando que el trabajador buscaba obtener un lucro indebido al haberlo demandado.
Según el artículo 224 del Código Penal Federal, comete ese delito quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el SERVICIO PÚBLICO, se aproveche de él para aumentar su patrimonio de forma injustificada y sin acreditar fehacientemente que fue obtenido por buenos procedimientos.
Para que se configure el delito de enriquecimiento ilícito, el sujeto activo debe tener la calidad específica de servidor público en pleno desempeño de sus funciones y atribuciones, también se rige por una legislación diferente a la Ley Federal del Trabajo (reglamentaria del artículo 123 apartado A Constitucional) su relación con el Estado es de cariz administrativa como en el caso de las policías, o laboral en otros casos, como se aprecia en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal ó las legislaciones locales en esa materia.
La ley punitiva prohíbe juzgar y condenar a alguien por analogía o mayoría de razón (nulla poena sine crime, nullum crime sine lege, nulla actio sine culpa. No hay pena sin delito, no hay delito sin ley, no hay acción sin culpa)
Un trabajador en consecuencia no debe ser acusado del delito de enriquecimiento ilícito en virtud que el operario se rige por el apartado A del artículo 123 de la Constitución, además de que su demanda se fundamenta en el despido que fue víctima y las prestaciones que reclama tienen la atribución de ser indemnizatorias en todo caso, como el pago de salarios caídos, el pago de 20 días de salario por año laborado, la misma indemnización constitucional a razón de 3 meses de salario y otras prestaciones o 4 meses de salario en los casos de sustitución de personal por maquinaria y tecnología moderna, entre otras.
La deficiente asesoría y representación legal ante los órganos jurisdiccionales trae nefastas consecuencias para el demandado, pagando muy caro las cantidades a que lo condenen aparte de cubrir los honorarios del abogado que lo patrocinó de forma ineficaz.
Querer amedrentar al trabajador con meterlo a la cárcel si lo acusan de algún delito, le puede salir carísimo al patrón.
Es cuanto.
Visiten: www.juridicodeltrabajo.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario