lunes, 1 de agosto de 2016

Un caso de crimen organizado.

Hace 5 años, cuando laboraba para el gobierno en una dependencia encargada del otorgamiento de seguridad social y prestaciones ecnonómicas a los trabajadores al servicio del estado, tuvimos una serie de casos peculiares en los cuales el crimen organizado y hasta de cuello blanco tuvo presencia...

En la oficina donde trabajaba, se otorgaban préstamos personales a los empleados del sector público cuyo monto iba desde los $18,000 hasta casi el millón de pesos. Esto se tramitaba con documentación en original y una hoja que expedía el gobierno a guisa de pagaré que de igual manera garantizaba el préstamo y se estipulaban las formas y lapsos de pago, una especie de contrato. Dicha hoja se repartía en original entre los empleados ciertas temporadas del año por conducto del sindicato de la dependencia a la cual se encontraba adscrito el servidor público; Ese documento contaba con sellos de seguridad y elementos sensibles a la luz negra entre otras medidas, haciendo difícil su falsificación.

Un día a finales de marzo del año 2011 llegó un empleado gubernamental a solicitarnos una aclaración, pues le estaban descontando vía nómina, un préstamo por la cantidad de $150,000 (ciento cincuenta mil pesos mexicanos, unos 9,300 dólares en ese tiempo) que él aseguraba jamás solicitó. Revisamos su caso y todo parecía indicar que se trataba de un problema de homonimia (un fenómeno frecuente de duplicidad de los datos personales como el Registro Federal de Contribuyentes *RFC* y Clave Única de Registro de Población *CURP* al tener nombres y fechas de nacimiento idénticos entre dos ó varias personas en el territorio nacional) Por lo que se solicitó la investigación correspondiente.

Una semana después llegó otro empleado del gobierno reclamando lo mismo, que se le estaba descontando un préstamo que no solicitó, luego llegó otro y otro y otro; Un mes después sumaban 30 casos en el mismo sentido; La homonimia se descartaba dando paso a las diligencias de investigación por un posible fraude a gran escala contra la administración pública y al Estado.

Lo sorprendente del caso, es que ningún documento oficial estaba falsificado, ni la hoja de préstamo, ni las identificaciones de los empleados, ni los comprobantes de domicilio, todo fue presentado en original. Una especie de "phishing" o suplantación de identidad con el fin de obtener el dinero de los préstamos haciendo pagar a la víctima vía nómina y sin rastro de los sujetos activos.

Se sospechó de una coalición entre las dependencias de gobierno, los sindicatos de las mismas y el órgano de seguridad social afectado, pues son los entes que poseen la información y datos sensibles de sus trabajadores, sus beneficiarios, lugar de residencia, ingresos mensuales, etcétera.

A la fecha no hay ningún detenido, ninguna pista que ayude a dar con los responsables, ninguna información que permita esclarecer los hechos y procesar a los sujetos, fue un golpe bien planeado y ejecutado.

La parte graciosa fue que cuando nos dirigimos a presentarle esas anomalías a la jefa de la unidad jurídica del organismo al que pertenecía, nos respondió con un "¿y que hago, a quien se debe denunciar?" Lo que resultaría más jocoso, de no ser porque la responsable de esa unidad era una completa ignara en la materia que debería dominar, que es el Derecho, lo que dificultaría aún más la investigación y persecución del delito en detrimento del patrimonio estatal.

A raíz de lo anterior, varios empleados de jerarquía inferior del instituto defraudado, perdieron sus empleos debido a que los afectados y estafados reclamaban que rodaran cabezas por permitir ese fraude, respondiendo a exigencias políticas y presiones los titulares de la dependencias, maximizando la injusticia pues ellos no eran los responsables ni los autores materiales ni los cómplices de ese delito según constaba en las otrora averiguaciones previas radicadas en la Procuraduría General de la República.

Una serie de preguntas vienen a mi mente al recordar aquel episodio...

¿Se pudo haber prevenido? ¿se pudo haber reaccionado a tiempo? ¿se debe subsanar el error y evitar otras situaciones iguales en el futuro?
¿Usted que opina, estimado lector?

Es cuanto.


 








2 comentarios:

  1. los tentáculos (no es el personaje aquel) del poder sindical, encristado en el ejercicio público, es lo que permite a la luz de los hechos, dilucidar que existe contubernio, ruin y trapero, entre el gobierno de cualquier indole o nivel y los lideres, en detrimento (casi siempre) de los trabajadores y por supuesto (SIEMPRE) en detrimento del erario.... (seria ocioso decir ERARIO PÚBLICO)

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  2. ¡Muchas gracias por comentar!En efecto, las complicidades son un lastre para todos los ciudadanos y el tesoro común.

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