Dentro de la administración pública, en cada dependencia del Estado existe una unidad jurídica donde abogados, pasantes y personal legal hace o debería hacer la honrosa labor de proteger el patrimonio del mismo y la defensa de sus intereses ante las autoridades.
Personalmente yo he visto casos donde estos abogados gubernamentales cometen errores garrafales a la hora de comparecer en juicio, producto de una escasa capacitación, falta de interés por actualizarse y asistir a cursos en materia legal ya sea que lo ofrezca la dependencia o por iniciativa propia.
Para ejemplificar lo anterior y analizar esa situación, basta ver el desarrollo de algunas audiencias bajo el nuevo sistema de justicia penal o leer algunas contestaciones de demandas y hasta amparos por parte de algunos de ellos, para darnos cuenta que las deficiencias son bastantes:
Por mi parte en una audiencia incidental de liquidación en materia del trabajo, escuchaba a mi contraparte argumentar que a mi cliente le correspondía un salario diario de $25.29 cosa que resultaría demasiado jocosa de no ser que el abogado en comento ignora que el salario mínimo es de $73.04 y que nadie puede percibir menos que eso, cuestión como ellos dicen de forma pomposa "Es de explorado derecho e instrucción básica"
En oficios y contestaciones que me han notificado, muchas de sus resoluciones como autoridades no van fundadas ni motivadas, mucho menos sustentadas, requisito constitucional para todo acto de molestia.
Lejos de ser esto una crítica malsana, burla o exhibirlos con afán de molestar, es para prender los focos de alerta, pues nos afecta a todos como sociedad, al no poder ganar los casos en los tribunales por dichas deficiencias, las dependencias deben pagar las condenas muchas veces millonarias, que se cubre con dinero público, con impuestos que todos pagamos y que repercute en el presupuesto de forma negativa incluso llegando a golpear la nómina de los empleados y servidores recibiendo menos paga de lo habitual por los "ajustes" del gasto corriente.
¿El estado debe capacitar y adiestrar a sus abogados de forma obligatoria e incluso sancionarlos si no lo hacen ó debe dejar eso a elección y voluntad del letrado para su mejor desempeño?
La respuesta a esta pregunta debe interesarle al Estado.
Es cuanto.
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